1 de cada 4 chilenos tiene CuentaRut, algo más de 4 millones de usuarios que gracias a la iniciativa de BancoEstado pueden disfrutar de una cuenta bancaria, ya que más del 60% de sus portadores tienen ingresos menores a $200 mil mensuales, convirtiéndose en su única posibilidad de realizar transacciones digitales.

Beneficio que hoy se extenderá hasta los microempresarios que podrán acceder a una CuentaRut especial para sus negocios, según anunció esta mañana el ministro de Hacienda, Felipe Larraín en la sucursal de calle Bandera de la entidad estatal.

“Una de nuestras metas claves es la inclusión financiera para que muchas chilenas y chilenos puedan acceder a los beneficios del mercado financiero y así mejoren su calidad de vida”, afirmó Larraín.

BENEFICIOS

Una gran iniciativa que espera beneficiar a más de 200 mil emprendedores con la nueva CuentaRut, que hasta ahora era exclusiva para personas naturales, y que potenciará el trabajo de las micro y pequeñas empresas que ahora podrán realizar transacciones de mayores montos y utilizar la cobertura de las oficinas de Caja Vecina a lo largo del país, especialmente en comunas alejadas que no cuentan con una sucursal de la entidad bancaria en su ciudad.

7 mil 130 puntos de atención que mensualmente contabilizan más de 7 millones de transacciones a nivel nacional y que ahora estarán a disposiciones de los emprendedores. Iniciativa que fue solicitada por la Asociación Chilena de Emprendedores (Asech), y que forma parte de la Agenda de Impulso Emprendedor entregada por el gremio al ministerio de Economía, Pablo Longueira, el pasado 30 de enero.

“Esto nos llena de satisfacción porque la CuentaRUT es un producto muy importante que facilitará la vida a muchos emprendedores que hoy están fuera del mercado financiero y que a través de este producto tendrán un apoyo importante para sus proyectos”, dijo el dijo el ministro, que espera llegar a 5 millones de usuarios de CuentaRut el 2012.

Este tremendo iniciativa bancaria estará a disponibilidad de todos los empresarios en un plazo máximo de 2 meses, tiempo que se demora en ser puesta a prueba por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.