PARA PROGRAMA DE INCENTIVO AL RETIRO ELABORADO POR EL CONSORCIO DE UES ESTATALES
El presidente del Consorcio de Universidades Estatales y rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, presentará al Gobierno un plan para conseguir fondos para el retiro de 4 mil 500 trabajadores en edad de jubilar, entre los cuales 2 mil 800 son académicos.
Katerinne Pavez
Dos mil 800 profesores universitarios que imparten clases en planteles estatales están o estarán de aquí al 2011 en edad de jubilarse. No lo han hecho porque sus pensiones son considerablemente más bajas que su sueldo actual. La razón: el llamado “daño previsional”, pago de cotizaciones por parte del Estado por un monto inferior al sueldo real.
Uno de los temas que ha preocupado a las universidades estatales es la renovación de su personal, sobre todo en el área docente. Sin embargo, es casi imposible exigir el retiro de profesionales que verán mermados sus ingresos de manera tan considerable. A pesar de que existe una ley que faculta a las 16 universidades estatales para entregar incentivos al retiro, ésta no ha podido concretarse. La razón: los planteles no están dispuestos a pagar los bonos, por considerar que es una responsabilidad estatal. Así lo explicó el rector de la Usach y presidente del Consorcio de Universidades Estatales, Juan Manuel Zolezzi, quien señaló que “el Estado legisla para el aparato centralizado, y obliga a las universidades a cumplir las leyes, pero al aparato centralizado le da los recursos, y a las universidades no”.
Por esto señaló que está pronto a entregar una propuesta “respaldada por todos los gremios y los rectores de las universidades estatales” para que el Estado se haga cargo de pagar los 80 mil millones que, según cifras del Consorcio, cuesta el retiro de cuatro mil 500 funcionarios, entre académicos, directivos, administrativos y personal de servicio.
El plan consiste en pagar un máximo de 20 meses, 311 UTM como piso, es decir 8 millones de pesos por cada persona.
Según Zolezzi, la entrega de este dinero es “factible, pensamos que es parte de la deuda histórica a las universidades, al margen de la distribución del ingreso vía Aporte Fiscal Directo, que también es una deuda histórica con el sistema universitario”.
El plan también contempla la posibilidad de que estos recursos puedan ser imponibles en algunos casos y no imponibles en otros, dependiendo de la conveniencia de la persona, según esté en AFP o en INP. El período para acogerse al beneficio sería hasta un año desde que se cumple la edad legal para jubilar.
