Cada vez que una autoridad relevante del país -y sólo ella- saca la voz por los que no la tienen (es decir, carecen de un lugar en los pluralistas y cultos medios criollos), sólo entonces el coro mediático se permite hacerse eco.
Pablo Salvat B., magíster en Ética Social y Desarrollo Humano de la U. Alberto Hurtado
En medio del conflicto reivindicatorio de los subcontratistas de Codelco, y de anuncios de acciones similares de parte de otros actores sociales, saltó al ruedo noticioso, primero, la importancia de la sindicalización y sus exigencias -mediante la no violencia activa-, y después, de modo sorpresivo, cuando se había llegado a un acuerdo entre la empresa y los trabajadores y todo hacía presagiar que las aguas volverían tranquilamente a su cauce, vino la palabra de monseñor Alejandro Goic. Ésta ponía en el tapete dos asuntos por así decir, quemantes: por un lado, el derecho de los trabajadores a reivindicar -de forma pacífica- sus demandas y ser escuchados, considerados y formar parte de los desarrollos empresariales, privados o públicos; por el otro, el cuestionamiento de las diferencias de ingresos y oportunidades que se dan hasta hoy en el país, evaluando como no éticos los salarios que reciben grandes capas de trabajadores.
Dos motivos esgrimió el sacerdote para hacer esta evaluación: uno fue de naturaleza normativa, en cuanto a que no resulta justo el salario o sueldo que perciben cientos de trabajadores. El otro fue de tipo ético-social, porque de mantenerse los diferenciales en acceso a poder, ingreso y conocimiento, la sociedad chilena se verá enfrentada, tarde o temprano, a conflictos sociales de profundidad creciente. Y, claro, no se podrá acusar por estos eventuales conflictos sólo a la intervención de alguna consabida “mano negra”: “comunistas”,”anarquistas”, malos elementos, terroristas o algún otro fantasma ad hoc. Además, tomamos nota de un sambenito reiterado: cuidado, porque con esas acciones y decires se está haciendo peligrar la estabilidad del modelo ¡Disculpe! Un modelo que sólo beneficia a menos del 10% de los chilenos, ¿cómo habría de ser estable? ¿Por qué deberían sostenerlo todos aquellos que por años se han mantenido en igual situación?
Ello mostraría -dicho sea de paso- que durante estos años (digamos desde 1990 en adelante) hemos continuado cohonestando un modelo económico que viene de mediados de los ’70 y que buena parte del país estaría -si su voz pudiera ser escuchada y tomada en cuenta por las elites- por reformar la economía de mercado capitalista. Una en la que, sincerémoslo (como ahora se dice), el capital y las inversiones tienen mayor valor -pesan más- que el trabajo y la palabra pública de sus ciudadanos. Sin ir más lejos, en este diario se hacían eco de una encuesta de noviembre pasado (Demoscópica), en la que se decía que 84% de los encuestados querría modificar o corregir el modelo económico imperante, porque produce inseguridad laboral, un endeudamiento que genera estrés, una polarización entre ricos y pobres, altos niveles de desesperanza entre los sectores medios, entre otras razones. Por supuesto, estimados lectores, no vimos esta información tratada profusamente en otros lados. Así pues cada vez que una autoridad relevante del país -y sólo ella- saca la voz por los que no la tienen (es decir, carecen de un lugar en los pluralistas y cultos medios criollos), sólo entonces el coro mediático se permite hacerse un eco. Por supuesto, un eco solamente desde las elites dirigentes, tecnócratas, políticas o empresariales. ¡No vaya a pensar usted que podrían tener un lugar en la repartición de la palabra pública los propios afectados! No pues, esta es una democracia en serio, acotada a lo que permiten sólo los tocados con la varita mágica de la verdad y el poder (arrogancia y tecnocracia unidas jamás serán vencidas, al parecer ).
Pero el mensaje del obispo trae otras cosas. Quizás por primera vez una autoridad -religiosa en este caso- se permite contrastar los argumentos económicos aparentemente siempre técnicos (es decir, de mercado), sobre lo que debe o no pagarse como salario; lo que deben o no ganar los distintos estamentos de empresas y organizaciones, con su contracara normativa, porque puede que sea eficiente para la tasa de ganancia (o de retorno de inversiones) mantener salarios y sueldos en determinada cifra, ¿pero será por eso mismo deseable, justo, correcto, ético hacerlo así? ¿Cuántos años han debido pasar para que podamos contrastar la marcha del modelo económico no sólo con guarismos, sino con sus posibilidades de legitimidad normativa pública?
¿Contrastar la economía -supuestamente una con su contraparte ética? Hace años ya, sin embargo, el autor de un libro devenido famoso en filosofía política afirmaba que si las políticas e instituciones económicas o sociales eran eficaces y eficientes aunque injustas, debían reformarse o cambiarse. Es decir, se ponía como criterio evaluador más alto de la marcha del desarrollo un criterio normativo y no uno utilitarista o pragmático. Por esta vía, entonces, mediante el debate de la existencia o no de la necesidad o no de un salario llamado ético, se está validando la pertinencia de reponer la discusión sobre las desigualdades existentes en el Chile actual. ¿No será que los extremos de pobreza son la contraparte de riquezas extremas? ¿No será que los niveles de pobreza calificada de no-ética se corresponden con niveles de riqueza injustificables? Sin embargo, a fin de cuentas, ¿podremos debatir de todo esto de manera racionaly razonable?
