Ermy Araya M.

Inconstitucional de forma y no de fondo. En un fallo de seis votos contra cuatro, el Tribunal Constitucional (TC) objetó la resolución del Ministerio de Salud que permite la entrega de la píldora del día después a todas las mujeres en los consultorios, a partir de los 14 años.

Así, el organismo estableció que para implementar la medida se requiere un reglamento que regule la entrega del fármaco y no una simple resolución ministerial.

De esta manera, pese al traspié, basta sólo con que la Presidenta Michelle Bachelet ponga su firma en un decreto supremo, para cumplir con la formalidad. Y en esa dirección fue la reacción del Ejecutivo. "La Presidenta procederá a firmar un decreto que contendrá exactamente las mismas disposiciones que contenía la resolución que ha sido declarada inconstitucional por vicios de forma y esperamos que esto sea a la brevedad posible dentro de la próxima semana", anunció el ministro secretario general de Gobierno, Ricardo Lagos Weber.

Aunque dejó en claro que se cumplirá la resolución del Tribunal

Constitucional, "mientras tanto seguirán vigentes las normas que estaban con antelación a la norma cuestionada", dijo.

Esto implica que por el momento no se podrá distribuir el fármaco en el sistema público a todas las mujeres que lo requieran, sino que sólo a quienes sufran de violencia sexual.

Lo peor de todo es que si bien se espera que este lunes la Presidenta firme el decreto, éste tendrá que ingresar a la Contraloría General de la República para ser analizado, trámite que demorará al menos tres meses más.

Fallo de forma

La decisión del Tribunal Constitucional era esperada con ansias tanto por el Gobierno como por los parlamentarios de oposición que presentaron el recurso contra la medida sanitaria.

Más aún cuando las autoridades sanitarias ganaron el primer round, luego que la Corte de Apelaciones obligara en noviembre pasado a distribuir la pastilla a los alcaldes de derecha que se oponían.

En las últimas semanas había trascendido que el fallo podía ser adverso, idea que se acrecentó con el duro pronunciamiento de la Iglesia Católica.

"El acto administrativo contiene un conjunto de normas, cuyo alcance es nacional o de aplicación general a todos los destinatarios de ellas y dotadas de carácter permanente, es decir, que no agotan o pierden vigencia por su aplicación en un caso determinado", dijo el Tribunal.

El presidente subrogante del TC, Juan Colombo, despejó el tema. "Las razones que dio la mayoría de sus integrantes fueron de orden formal y no de fondo, por lo que la instancia no abordó la materia si el fármaco es o no anticonceptivo".

Agregó que el fallo se refirió exclusivamente a la temática administrativa enfrentada a la Constitución. "El efecto de esta sentencia del TC lo tiene que aplicar la administración. No hay aquí un período de cumplimiento de la sentencia. Nosotros nos limitamos a resolver un conflicto constitucional y por mayoría de votos se decidió desde el punto de vista formal que la ministra (de Salud) no tenía capacidad autónoma para dictar regulaciones sobre estas actas, eso es lo que decidió el tribunal", explicó Colombo.

Sin embargo dejó abierta una posibilidad. "El Tribunal funciona generalmente a requerimiento de la autoridad o de los sujetos legitimados por lo tanto tan pronto nos llegue otro requerimiento tendremos que entrar a darle la tramitación correspondiente".

Reacciones

Según la ministra de Salud, María Soledad Barría, el Gobierno buscará todas las alternativas para entregarle a la ciudadanía las opciones que le permitan elegir y sean las personas las que puedan escoger en definitiva el método anticonceptivo correcto.

"Si es un asunto de forma, buscaremos la forma correspondiente para poder asegurarle a la población las distintas opciones", planteó desde la Décima Región.

En tanto, como es habitual, todas las partes involucradas se dieron por ganadoras. Los primeros que cantaron victoria, fueron los parlamentarios y grupos Pro Vida que han luchado tenazmente contra la píldora.

"El fallo pondrá en orden una situación absolutamente ilegal, un acuerdo del ministerio de Salud que se tomó entre gallos y media noche; es decir, entre cuatro paredes, siendo que este tipo de resoluciones necesariamente tiene que pasar o por ley o por un decreto presidencial, porque si no se salta todo el control de la legalidad", aseguró el jefe de bancada de la UDI, José Antonio Kast.

El parlamentario exigió a Bachelet que haga cumplir las instituciones y acate la resolución del Tribunal Constitucional, suspendiendo de inmediato la entrega de la píldora del día después.

El abogado conservador Jorge Reyes declaró, por su parte, que "hemos triunfado, en orden a que la resolución sobre fertilidad, donde está incluida la pastilla, debe ser responsabilidad de la Presidenta de la República y no a través de una resolución exenta, y ella tendrá que responsabilizarse de este hecho".

Contrarios a la decisión del TC se mostró la diputada PPD María Antonieta Saa, quien sostuvo que el fallo es "un atentado a la libertad de los chilenos, y una vez más se ha impuesto la minoría conservadora en resoluciones que tienen que ver con todos. Somos rehenes de una minoría que nos quiere imponer sus propios pensamientos filosóficos y religiosos".