Durante una cumbre de la pequeña y mediana empresa, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, informó sobre la presentación ante el Congreso del proyecto de ley que formaliza una de las promesas contenidas en su plataforma programática: la creación del llamado "Sernac Financiero".

La incorporación de este modelo a la institucionalidad del Estado responde a la necesidad de enfrentar la extendida sensación ciudadana, que se hizo visible en la campaña electoral del año pasado, en torno a la asimetría en la relación contractual de las personas y la banca. A partir de este diagnóstico, el hoy Mandatario anunció que bajo su mandato crearía una estructura responsable de la protección individual frente al sistema financiero. Sin embargo, la opción definitiva escogida por La Moneda ha apuntado no a instalar una dependencia por entero nueva, sino a una extensión de las funciones del actual Servicio Nacional del Consumidor (Sernac). El nuevo marco de operación de éste incluirá, además de los bancos, las áreas de telecomunicaciones y transportes.

Según lo ha explicado el ministro de Economía, se ha preferido asociar la ampliación de facultades a una "marca" conocida y valorada por la ciudadanía, como Sernac, utilizando además su red informática, central de llamados y distribución territorial de carácter nacional. La decisión de la autoridad significa reestructurar el organismo, a través de mayor cantidad de personal, nuevas divisiones y más atribuciones; de hecho, se ha destacado que la iniciativa convertiría en ciertas circunstancias a los funcionarios de Sernac en ministros de fe en litigios ante tribunales. Además, las carteras de Hacienda y Economía podrán dictar reglamentaciones en ámbitos de consumo y servicios que no estén incluidos en legislaciones.

Aunque el mensaje presidencial implica dotar de más potestades al servicio, hay también quienes critican que no se haya propuesto establecer un órgano específico, en lo fundamental por el perfil técnico que se requiere para evaluar eventuales infracciones de derechos de los clientes en sectores complejos, como bancos y empresas de telecomunicaciones y transporte. Con todo, el gobierno tiene sus razones para no formalizar un tercer aparato fiscalizador que pudiera rozarse con el actual Sernac -instancia donde 25% de los reclamos refiere a materias vinculadas a la banca- y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF).

En su discurso de Enapyme, el Presidente subrayó que dos tercios de los chilenos están vinculados al sistema crediticio a través de entidades como bancos, financieras, cajas y casas comerciales. El volumen de participación de la población hace imprescindible que el Estado disponga de un instrumento de protección y corrección de la desigualdad de información y poder en el régimen de deuda personal. El funcionamiento y la legitimidad de la economía de mercado descansan en el equilibrio del ejercicio de la libertad que tienen los agentes que en ella intervienen. Este principio debe orientar la tramitación legislativa de la modernización de Sernac.