
Martes 9 de marzo de 2010
Cuasidelitos de homicidio y de lesiones se habrían configurado en el derrumbe del edificio Alto Río, de Concepción, según informó ayer el fiscal Paolo Muñoz a cargo de la investigación.
Siete personas, incluyendo una madre y su hijito de ocho meses, murieron entre los escombros de este inmueble que se convirtió en el símbolo de la tragedia telúrica. Una sola persona se encuentra desaparecida, el joven José Luis León Acevedo (26).
De los 119 residentes del edificio, 52 salieron por sus propios medios después de que colapsó la estructura y otros 27 fueron rescatados por equipos de emergencia. El resto no se encontraba en el lugar la noche del terremoto.
Ayer, un equipo de peritos de la Policía de Investigaciones llegó hasta la denominada "zona cero" de la tragedia para examinar los restos del inmueble. La Fiscalía de Concepción ordenó detener la demolición para permitir las pesquisas.
El fiscal Paolo Muñoz explicó que si se determinan responsables de la tragedia, éstos deberán enfrentar acusaciones por "cuasidelitos de homicidio respecto de todas las personas fallecidas, y de lesiones respecto de todas las personas que han resultado lesionadas".
También informó que la constructora Socovil, que levantó el edificio Alto Río, se "autodenunció" ante la justicia con el fin de expresar su disposición a colaborar con las investigaciones.
Hasta el momento, ninguno de los socios de la empresa han sido interrogado, ya que "la fiscalía está ocupada de las necesidades que son más urgentes, como realizar los controles de detención de todas las personas que han sido arrestadas por saqueos y por otros hechos delictuales de gravedad. En la medida que se vaya esto normalizando van a ir siendo citadas a la Fiscalía todas las personas que sea necesario interrogar", señaló el fiscal Muñoz.
POSIBLE ESTAFA
Por su parte, el abogado Alfredo Morgado, que representará a varios vecinos de los edificios afectados en la capital, señaló ayer que es mucho mejor para las inmobiliarias y constructoras asumir su responsabilidad en la mala edificación de los inmuebles antes que enfrentar una acción judicial.
"En el caso por ejemplo de lo que ocurrió en el edificio Alto Río podríamos llegar a un cuasidelito de homicidio en un último recurso", explicó.
Asimismo, detalló que los vecinos de los edificios de la comuna de Maipú Don Tristán y Don Luis podrían tomar acciones no sólo civiles, sino también criminales por la actitud que ha demostrado tanto la inmobiliaria como la constructora "de quienes no se sabe nada, están desaparecidos absolutamente", dijo.
El jurista agregó que "en muchos casos podríamos estar frente a delitos de estafa, defraudación por medio de un engaño" frente a aquellas empresas que no se hagan cargo del producto que vendieron. "Lo ideal es llegar a buenos acuerdos cuando existen empresas que se preocupan de enmendar sus errores y sus incumplimientos del contrato de venta", sentenció Morgado.