Una red internacional de pornografía infantil, liderada por un chileno, quedó al descubierto el lunes pasado luego de una investigación conjunta del OS-9 de Carabineros y la Fiscalía Sur.

El fiscal Cristián Suárez formalizó ayer ante el Segundo Juzgado de Garantía a Mauricio Cuevas Salinas (33) por el delito de abuso sexual reiterado en contra de su sobrino Y.A.C.C. (de tres años) y los ilícitos de producción, almacenamiento y distribución de material pornográfico infantil.

El sujeto, según los antecedentes de la indagatoria, es sindicado como el cabecilla de una red de pederastas que operaba desde Chile enviando imágenes de connotación sexual de niños hacia países como Holanda, Estados Unidos, Alemania, México y Venezuela.

La causa se inició luego que una amiga de Cuevas, que vive en Holanda, lo denunciara por haber enviado desde su PC imágenes de niños en conductas sexuales. Para obtener pruebas que involucraran a los demás integrantes de la red, la policía contó con un agente encubierto que -durante la primera etapa de la investigación- se hizo pasar por un cliente que compraba imágenes de pornografía infantil.

Fuentes ligadas a la causa, indicaron que a este policía el grupo le reveló que planeaba comprar un niño para producir las imágenes, situación que es investigada, pues podría estar involucrado un menor con síndrome de Down.

PROFESOR DE RELIGIÓN

Entre los otros involucrados está el profesor de educación general básica Patricio Eugenio Fuentes Herrera (40), quien trabajaba en un colegio de Colina donde impartía clases de religión. Se está indagando si en el establecimiento habría alguna víctima de la red. Hasta el momento, ha trascendido que Fuentes es homosexual y además portador de VIH. Fue detenido justo antes de realizar un viaje con ayuda para los damnificados del terremoto.

Uno de los datos surgidos de la investigación es la relación sentimental que habría mantenido Cuevas y Fuentes durante un largo período. Otro de los formalizados -que quedó en prisión preventiva- es Cristián Arias Ríos (40).

Mientras que el ingeniero informático Francisco Ramos Riquelme (22), quien fue sindicado como encubridor de la banda al borrar las fotografías desde los computadores utilizados por la red, quedó con arraigo nacional y prohibición de acercarse a lugares con internet, las víctimas y los demás imputados.

El juez César Orellana decretó un plazo de 45 días para esta investigación judicial.