El futuro Presidente de la República, Sebastián Piñera, se ha reunido el sábado reciente con los cuatro timoneles de partidos de la Concertación, coalición que está al borde de salir del gobierno tras veinte años de haber encabezado el proceso de normalización institucional. En la ocasión, el próximo gobernante solicitó -en la práctica- una tregua política a los dirigentes para concentrar su agenda en las tareas de reactivación del país tras el terremoto del sábado 27 de febrero.

Según ha trascendido, Piñera impulsará en lo inmediato un paquete legislativo de urgencia que tiene tres partes: una normativa para regular medidas de mitigación y de ayuda a los damnificados, otra sobre reconstrucción de infraestructuras, servicios y aparato productivo, y una tercera que apunta a crear estímulos fiscales para acelerar la inversión privada. La necesidad de que estas leyes tengan vía rápida en el Congreso, donde Piñera no tendrá asegurada la mayoría propia, lo ha llevado a proponer un nuevo trato y a insistir en la tesis del gobierno de unidad nacional.

Desde luego los líderes de la coalición de centroizquierda le garantizaron a Piñera su disposición a colaborar. No podría haber una respuesta diferente. La magnitud del desastre natural y los enormes costos materiales, sociales y sicológicos que ha tenido obligan a redefinir profundamente el conjunto de cálculos, decisiones y estilos respecto de cómo la Concertación planificaba hacer oposición a la derecha antes de la catástrofe. De hecho, las colectividades que salen del Ejecutivo han decidido congelar sus elecciones internas -previstas para abril- hasta mediados de año. Es una resolución lógica, aunque haya que aceptar que con ello se prolonga el cuadro de provisionalidad de las actuales mesas.

Los cuatro presidentes han asegurado al Mandatario electo no sólo votar favorablemente los proyectos de reconstrucción, sino también contribuir en su gestación. Se trata de una demanda razonable. El modelo de reparación y forma de redistribución de sus costos y beneficiarios no es unívoco ni tampoco neutro; por el contrario, tiene un profundo contenido político. El solo debate acerca de la función del Estado en sectores clave (agua, energía, electricidad, gas, regulación de los mercados inmobiliario y de abastecimiento) es una señal de que hay distintos esquemas de recuperación.

La aspiración al consenso nacional que ha expresado Piñera -más que su entorno partidario, hay que precisarlo- no puede significar la subordinación de la futura oposición. Una auténtica democracia de acuerdos en un cuadro de crisis implica un sistema mutuo de concesiones y balances. La dramática hora por la que pasa Chile no permite hegemonías.

El terremoto de hace nueve días constituye un desafío de proporciones para la acción político-partidaria, en particular de la Concertación en su rol disidente (lo previsible es que la derecha se sumerja en el Ejecutivo). Los límites entre conflicto y entendimiento serán una tensión difícil de sostener y van a exigir una fina y delicada sintonía con los intereses de los sectores populares y medios afectados por el cataclismo.