El silencio de los inocentes

Carlos Illanes (70) hoy está jubilado y está cansado. Pudo tener otra vejez y mejores condiciones para financiar la carrera universitaria de sus hijos. Sin embargo, de $40 millones que debía recibir por la venta de sus acciones de la Empresa Eléctrica Pangue (ex filial de Endesa), donde trabajó 20 años, sólo le pagaron $10 millones.

Pamela Ferrando Grasso murió cargando una gran frustración. Trabajó más de 30 años como secretaria de gerencia. Entre bonos, indemnizaciones y préstamos para tener acciones de la misma empresa, debió recibir $60 millones cuando tuvo la oportunidad de venderlas. Sólo le pagaron $8 millones.

¿El responsable? Bancard y Asesorías e Inversiones Ilihue, ambas sociedades ligadas a Sebastián Piñera. En 2003, estas firmas fueron demandadas por un grupo de 27 pequeños accionistas. En diciembre de 2004, a pocas semanas de que fuera proclamado como candidato presidencial para competir contra Michelle Bachelet, el empresario ofreció un sorpresivo acuerdo extrajudicial para poner fin al juicio, que en esa época ya se encontraba en la etapa probatoria (causa rol Nº 4663-2003 del 29º Juzgado Civil de Santiago) y a punto de entrar en fase de sentencia.

La información es oro

A fines de los ’80, Endesa puso su mirada en las abundantes aguas del Alto Biobío. La compañía propuso la construcción de una serie de gigantescas represas para centrales hidroeléctricas que generaran energía. Pangue fue una de ellas. Tras su edificación en 1997, la empresa, muy conforme con la gestión de la filial, premió a sus trabajadores con un bono en acciones. Además, les ofreció la posibilidad de comprar títulos a través de la extensión de un crédito “blando”.

En medio de la crisis asiática, las utilidades de Empresa Eléctrica Pangue bajaron y los trabajadores se vieron en problemas para continuar pagando las cuotas de los préstamos con que habían adquirido las acciones. Entre prórrogas y repactaciones, el asunto tocó fondo cuando Endesa España tomó el control, luego de la salida de José Yuraszeck. La ayuda se cortó y los hispanos fueron implacables en la cobranza de los créditos que, dependiendo de las acciones, oscilaban entre $5 millones y $60 millones por cada trabajador.

A mediados de 2001, apareció un repentino interesado en realizar un negocio que permitiría a los trabajadores pagar las deudas y, al mismo tiempo, obtener la ganancia que quedara según lo que se pagara por cada acción: South World Consulting (SWC).

Esta firma, ligada a Rodrigo Danús y Paul Fontaine, hoy miembros del círculo de hierro del candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, obtuvo el listado de todos los accionistas que se encontraban en aprietos financieros y actuó como intermediaria con las empresas de Piñera. Según el abogado Pablo Heilenkötter, quien representó a los pequeños accionistas -todos ex trabajadores de la compañía- que se vieron afectados, “ellos obtuvieron ese listado desde la propia Endesa, porque no se explica de otra manera que se hayan dirigido únicamente al grupo de trabajadores endeudados. Ellos sabían perfectamente con quien hablar”. Fontaine es el responsable económico del programa de MEO y ya adelantó que, en una eventual segunda vuelta entre Eduardo Frei y Sebastián Piñera, votará por el segundo.

El 15 de mayo de 2001, se firmó un convenio de compra-venta en que se estableció un precio base de $260 por cada acción. Además, se fijó que todo lo que se obtuviera por sobre los $400, se repartiría en partes iguales para el dueño de la acción y Bancard e Ilihue. En tanto, SWC se aseguraba el 5% como comisión. Dicho acuerdo daba un plazo de dos años para que se concretara.

El escenario se alteró entre 2002 y 2003, período en que Endesa decidió concretar su “plan de fortalecimiento financiero y económico”, que le permitiría dar garantías para solicitar un crédito por más de US$2 mil millones a bancos españoles. Pangue, como empresa filial, garantizaría un patrimonio de casi US$743 millones (ver infografía) para sustentar el millonario préstamo.

La maniobra no era tan simple. En junta extraordinaria, que debía celebrarse el 31 de marzo de 2003, los accionistas de Compañía Eléctrica Pangue tendrían que aprobar la aparición de la empresa como aval de un crédito de esa envergadura.

Sin embargo, a esa fecha, aún integraban la instancia los pequeños accionistas, quienes, en total, poseían poco más del

5% de la propiedad. Una alta fuente vinculada al proceso, cuya identidad este medio protege amparado en la Ley de Prensa, explica que “nadie quería que se repitiera lo que le sucedió a Enersis, con Yuraszeck a la cabeza, cuando los pequeños accionistas iniciaron acciones judiciales al ver que los precios que se pagaban por acción eran mayores. Nadie quería un nuevo caso Chispas”.

Por ello, a sólo dos días de que venciera el convenio inicial firmado por los trabajadores-accionistas, fueron llamados uno por uno a las oficinas de los abogados de Piñera para que retiraran sus cheques. Agobiados por el crecimiento de sus deudas, no tenían mucho qué pensar.

Sin embargo, junto con el cheque, encontraron otro documento que esperaba firma sobre el escritorio: una modificación del convenio que sorpresivamente implicaba que renunciaban a recibir los excedentes que surgieran. De esta forma, cada trabajador recibió $280 de base y $50 más por acción.

Inocentemente, los trabajadores sintieron que se habían sacado un peso de encima y algo habían ganado. Días después, se enteraron por la prensa que las sociedades de Piñera habían logrado triplicar el precio base ($280), quedando fuera de esa ganancia por la modificación firmada a última hora.

Bussiness News América, agencia noticiosa especializada en temas económicos, destacó que Piñera, a través de Bancard e Ilihue, junto a sus socios José Cox e Ignacio Guerrero, obtuvieron US$13,9 millones gracias a esta operación. A juicio de los demandantes, la mitad de esas ganancias debieron ser repartidas entre los accionistas que firmaron el convenio original.

Hoy, casi ninguno de los ex accionistas quiere hablar. Sienten rabia y temor. Carlos Illanes fue gerente de sistemas de la Empresa Eléctrica Pangue. A sus 70 años, debe continuar trabajando como ingeniero. “La pensión que tengo no es baja, pero pensaba terminar mis días de otra manera, sin tener que trabajar más”, dice a LND.

Pablo Heilenkötter concluye que “es evidente la impotencia que sienten. A ellos les metieron el dedo en la boca y muchos de ellos por desesperación ante las deudas y juicios de cobranza que tenían, debieron aceptar las condiciones que les impuso Bancard a Ilihue. Pero eso no fue correcto. Hubo engaño y por eso demandamos y por eso ellos terminaron llegando a un acuerdo”.

Piñera, a través de Bancard e Ilihue, recurrió a la estrategia de negociación que, según sus cercanos, aprendió en su paso por Harvard. Identificó el piso y techo de su contraparte y definió un campo de conversación favorable a sus intereses. Al tanto de la angustia de los trabajadores, sus encargados bajaron hasta el mínimo las pretensiones de estos pequeños accionistas. En el mercado reconocen la “habilidad” de Piñera para dejar rápidamente a su interlocutor en la lona. El accionista de Lan entrena el manejo de expectativas ajenas incluso a través de sus amigos, negociando el mejor camarote de su yate o quién sube a su helicóptero para recorrer Tantauco.

Carlos Illanes recuerda que “al vender nuestras acciones a Piñera, se fijó una cláusula de posventa de las acciones que estableció que si en el plazo de un año él vendía las acciones de Pangue, la utilidad resultante se repartiría de acuerdo a una fórmula preestablecida. Al cumplirse el día 364, se nos urgió a recibir una pequeña cantidad de dinero, válida sólo para ese día, en circunstancias que el mencionado comerciante ya había negociado las acciones a Endesa en un valor que superaba largamente lo ofrecido”.

El ex gerente de sistemas agrega que “la presión ejercida ese día se manifestaba como que era ‘la última posibilidad’ o ‘todo o nada’ y que razonablemente era como intentar obtener algo más de un negocio de claras y abusivas ventajas para el comprador. Para mí, leer al día siguiente las noticias de que el grupo Piñera había negociado ágilmente un paquete con un valor de US$7 millones fue la constatación de una manipulación de nuestros beneficios en un descaro de increíbles proporciones, generando una frustración inmensa al constatar que la buena fe planteada era parte de una bien urdida maniobra para quedarse con nuestro dinero”.

Mordaza legal

En el juicio por las acciones de Pangue, el estudio legal Barros & Errázuriz, en representación de Piñera, ofreció poner fin al litigio a cambio que se rubricara, por todos los representantes que pactaron dicho acuerdo -que se encuentra en los registros de la Notaría Nº 48, Ricardo San Martín Urrejola-, una cláusula que obligaba a mantener reserva ante los medios de comunicación de este acuerdo. Eso ocurrió los primeros días de diciembre de ese año.

Heilenkötter recuerda que “un abogado que ellos contrataron para este juicio llamó al representante de los accionistas para decirle que había que terminar ya con el asunto. Así hicieron una propuesta que fue allegada al expediente judicial, que es de público conocimiento. Pero más allá de eso no me puedo referir”.

Aunque han pasado cinco años y la reserva comprometida ya venció, el profesional es cauto. “Son gente muy poderosa y es mejor no arriesgarse”, confidencia.

El representante que participó en la firma del acuerdo no pertenecía al staff permanente de Barros & Errázuriz. A esa instancia acudió Miguel Retamal, abogado defensor del brigadier Pedro Espinoza durante el juicio por el crimen del ex canciller Orlando Letelier en Washington.

La fuente reservada consultada por este medio señala que “el arreglo consistió sólo en el pago de un diferencial, no de los $125 por acción que se le adeudaba a los accionistas minoritarios, si no que cerca de $25 por acción”.

Se trató de una “transacción judicial”, un documento que establecía los términos del arreglo y que debía ser validado por el juez, quien, a esas alturas, tramitaba aceleradamente la demanda.

De esta forma, el 21 de diciembre de 2004, el tribunal tomó razón del acuerdo y aprobó los desistimientos de todas las partes, que significó el retiro de las acciones judiciales.

El Caso Chispas y Piñera

La decisión de Empresa Eléctrica Pangue de entregar acciones a sus trabajadores prácticamente coincidió con el aterrizaje de Endesa España en el mercado chileno a través de la toma de control de Enersis, holding con que hasta ahora la generadora hispana maneja sus inversiones en la región. La firma eléctrica logró un acuerdo privado con los principales ejecutivos de la compañía, presidida en ese entonces por José Yuraszeck (UDI). Poco tiempo después, un grupo de accionistas minoritarios, encabezados por Mark Klugmann (Comité de Accionistas Chispas), inició un proceso criminal por los perjuicios que les provocó ese acuerdo privado, que se denominó "el negocio del siglo". Yuraszeck y Marcos Zylberberg terminaron procesados y condenados a pagar multas millonarias.

En ese tiempo, el senador Sebastián Piñera, también accionista de la empresa, cuestionó que el precio que ofrecía Endesa fuera inferior a la Oferta Pública de Acciones (OPA). Sin embargo, al poco tiempo se supo que él también había logrado un acuerdo por un precio superior, lo que le valió duros cuestionamientos al interior de Renovación Nacional. Tras esos entredichos, Piñera decidió detener la locomotora y no repostular al Senado.

Andrés Allamand, autor de la teoría del desalojo, sobresalió entre los críticos del actual abanderado de la Alianza. En una entrevista publicada en

La Tercera en noviembre de 1997, Allamand planteó que "hay que establecer una separación tajante entre el mundo de los negocios y el mundo de la política. Le he señalado a Sebastián (Piñera) en más de una oportunidad que no se puede ser protagonista de la política y simultáneamente activista de los negocios. Aquí hay que escoger: el que entre en la política, abandona los negocios; y el que está en los negocios, debe abandonar la política".

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