Chile enfrenta una radiografía cruel. Azotado por la naturaleza, con una violencia de proporciones históricas, ha dejado a la vista fragilidades alarmantes. La falla masiva en los sistemas de comunicaciones dejó al país desarticulado, no ya con remotas localidades sino que entre Santiago y Concepción. En un país altamente centralizado ello implica una semiparálisis, puesto que poco ocurre hasta que el gobierno es capaz de dimensionar la magnitud de la tragedia. Ello redunda en una fatal lentitud de las respuestas en circunstancias en que cada hora resulta vital. Desde una perspectiva estratégica, falló lo que en términos castrense se denomina el mando y control. Éste alude a la recolección de información de las diversas instancias y asegura que las órdenes, impartidas por el mando, sean ejecutadas a cabalidad.

El colapso de los sistemas de comunicaciones fue tan completo que ninguna de las reparticiones estatales, incluidas las fuerzas armadas, disponían de formas expeditas de enlace. Es un hecho de una gravedad insólita. La explicación es que la conectividad dependía de redes de telefonía celular. Al caer o dañarse las torres, simplemente sobrevino la incomunicación. Pasaron largas horas y días para restablecer la conectividad.

En todo caso, la reacción del gobierno en esta oportunidad fue muchísimo más eficaz y ágil que la que se observó en 1985. En dicha ocasión, pasó más de una semana antes que se trasladasen hospitales de campaña y la instalación de puentes mecanos. Ha habido un progreso considerable desde entonces. Pero aún subsisten rémoras de aquellos tiempos. Entonces imperaba la doctrina de seguridad nacional, que amalgamaba la defensa y la seguridad. Ello, al punto que se hablaba en forma indistinta de fuerzas armadas o fuerzas seguridad. Una defensa sólida, léase fuerzas armadas poderosas, eran sinónimo de un país seguro. En consecuencia, la defensa se llevaba la casi totalidad de los recursos dejando la seguridad como un tema marginal. Las cosas han cambiado algo desde entonces, pero no lo suficiente.

¿Qué habrá de matar más chilenos en las próximas décadas? ¿Terremotos, maremotos, erupciones volcánicas u otros desastres naturales o bien los disparos del ejército de algún país vecino? En un voto a mano alzada, en cualquier asamblea, los brazos se alzarían masivamente ante la primera opción. En consecuencia lo racional y deseable, desde la perspectiva de la seguridad de la población, es repartir mejor los fondos públicos con miras a proteger vidas.

Si se considera la actividad sísmica que caracteriza a Chile, es de lamentar que el país disponga apenas de algunas decenas de sensores. Japón, en cambio, con una superficie menor dispone de alrededor de cinco mil sensores. De acuerdo al sismólogo Mario Pardo, de la Universidad de Chile, una red adecuada de sensores tendría un costo de 16 millones de dólares. A ello hay que sumar el costo de personal y de una adecuada mantención que permita disponer de la información de manera oportuna. Pero para poner las cosas en perspectiva, un avión F-16 nuevo, como los que adquirió la FACh, cuesta 60 millones de dólares y cada hora de vuelo excede de los cinco mil dólares. Por cada submarino Scorpene se pagó bastante más de 200 millones dólares. No se trata de objetar las adquisiciones de material de defensa. Cada país debe proteger su soberanía si considera que existen amenazas potenciales sobre su patrimonio. El punto es la proporcionalidad con que son distribuidos recursos que nunca son suficientes. En el caso de la defensa, se estableció una situación de excepción injustificable que otorga diez por ciento de los recursos de la minas de Codelco a las compras de armas. Las Fuerzas Armadas exigen garantías de financiamiento sobre ciertos pisos con presupuestos plurianuales. En rigor, todas las reparticiones fiscales podrían exigir condiciones semejantes. Pero ello sería un error, como lo es con los militares. El gasto fiscal es dinámico y las prioridades pueden cambiar con la velocidad de un terremoto. La situación del país cambió en forma drástica el sábado 27 de febrero. Sería impresentable, dados los enormes recursos que será necesario dedicar a la reconstrucción, que los uniformados insistieran en que algunos de los fondos que les han sido asignados son inamovibles. En estas circunstancias, será necesario moderar, entre otros ahorros, las compras de armamentos y considerar reducciones en la planta castrense.

En cambio, es urgente adquirir sistemas de comunicaciones todo terreno. Así como los militares recurren al despliegue avanzado o preposicionan el armamento, es necesario disponer de más recursos en las regiones más susceptibles ante los embates de la naturaleza. Toda la estructura para enfrentar nuevas emergencias, y nadie duda que las habrá, requiere de una revisión rigurosa. Cuando Chile fue llamado a aportar tropas en Haití, el gobierno hizo ver, con orgullo, que estaba en condiciones de hacerlo en meras 48 horas. Se dijo entonces que ésta era una potente señal del estado de preparación militar del país. ¿Qué señal envía un país que se queda sin comunicaciones entre sus principales ciudades? Ni hablar de la magullada imagen-país en la cual se ha invertido grandes sumas para convencer al mundo que Chile es un Estado moderno. Es la hora de contar con más seguridad que proteja al recurso más importante del país: los chilenos. //LND