El abogado Raúl Meza, representante de los familiares de las víctimas del tsunami en Constitución, aseguró este martes que “nadie irá preso” por las omisiones cometidas en la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) y Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (Shoa).

Meza y otros siete abogados querellantes se reunieron en la tarde de hoy con la fiscal Solange Huerta, quien investiga el caso Tsunami, para informarse del estado en que se encuentra la causa, cuando faltan pocas semanas para las formalizaciones por las 156 muertes en el maremoto.

Al término de la cita, los abogados coincidieron en señalar que la fiscal Huerta formalizará por cuasidelito de homicidio con resultado múltiple a las autoridades técnicas de la Onemi y del Shoa y que, posiblemente más adelante, imputará cargos a autoridades administrativas.

Según Meza, la mayoría de los abogados presentes estuvieron de acuerdo con el enfoque de la fiscal Huerta menos él. “Yo le planteé derechamente que mi postura y convicción jurídica desde un principio es que se configura el delito de incumplimiento de deberes militares”, dijo Meza.

“En consecuencia, en esa audiencia de formalización este querellante va a pedirle al tribunal de Garantía que se declare incompetente y que remita los antecedentes a la justicia militar de la Armada para que conozca el delito de incumplimiento de deberes militares y establezca las sanciones que correspondan”, añadió.

PENA LLEGARÍA HASTA LOS 3 AÑOS Y 1 DÍA

“Yo quiero advertir lo siguiente y esto que Chile entero y las familias de las víctimas lo tengan súper claro: lo que hoy día ha planteado la fiscal es que ella va a formalizar por un cuasidelito de homicidio. En chile, la pena va de 61 días a 3 años, por lo tanto ninguna persona irá presa”, agregó.

Según el abogado Meza, quien ya representó a las familias de las víctimas de Antuco, “la única manera de que aumente esa penalidad y tengamos penas privativas de libertad es que se vaya a la justicia militar y se sancione penalmente por incumplimiento de deberes militares para llegar a 5 años y 1 día de cárcel”.

“La justicia militar es más rigurosa en la penalidad. A mí me parece una tremenda injusticia que hayan muerto 156 personas y no vayamos a tener a todos los condenados con penas privativas de libertad. Eso no ocurrió en el caso Antuco, porque al menos uno de los 8 condenados (el mayor Patricio Cereceda) fue privado de libertad. Eso es justicia. Eso pretendemos nosotros”, señaló.

TIENEN IRREPROCHABLE CONDUCTA ANTERIOR

El abogado explicó que “las personas que van a ser eventualmente condenadas tienen irreprochable conducta anterior y la condición de colaborar con la justicia, por lo tanto, no van a ser privados de libertad. Yo le pregunto al país si le parece justo que el Ministerio Público lleve a juicio oral a seis personas, ninguna autoridad de gobierno, para una pena remitida. A mí me parece que no”.

Según trascendidos, estos posibles formalizados serían la directora de la Onemi, el director del Shoa, el jefe de turno del Shoa, el director del Centro de Alerta Temprana (CAT), el jefe de turno del CAT y un telefonista del Shoa.

En cuanto a la situación del ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende, el abogado Meza informó que en ningún momento la fiscal Huerta se refirió a la responsabilidad penal de alguna autoridad del gobierno de la época.

INSISTE EN QUE DECLARE EX PRESIDENTA BACHELET

Meza también dijo que en el curso de la semana cumplirá con uno de los dos requisitos que le solicitó la fiscal Huerta para interrogar a la ex presidenta Michelle Bachelet: enviarle las contradicciones que habría entre la ex mandataria, Rosende y la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández.

Acerca del segundo requisito, remitirse a un cuestionario de 150 preguntas, el abogado se rehusó terminantemente por el riesgo –según dijo- a que se filtren a la prensa y que, por lo tanto, la ex presidenta tenga conocimiento de ellas antes de responderlas.