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Domingo 22 de enero de 2012| por Claudio Leiva Cortés
- ¡Hay que evacuar ya, Patricio!
- ¡¿Estás loca?! ¿Y por qué?
- Porque la magnitud del sismo es enorme y puede haber un tsunami, si es que ya no ha ocurrido.
Ésto es parte del tenso diálogo que Patricio Rosende, ex subsecretario del Interior, y Carmen Fernández, ex directora de la Oficina Nacional de Emergencia, sostuvieron en la madrugada del 27 de febrero de 2010 en los cuarteles generales de la Onemi, tras el terremoto que devastó a gran parte del territorio nacional. La orden de evacuación nunca se emitió.
La decisión dependía de ellos, pero una cadena de equivocaciones llevó al gobierno a tomar malas determinaciones. A fines de febrero próximo, al cumplirse dos años de la tragedia, la fiscal Solange Huerta, quien investiga las 156 muertes provocadas por el tsunami, anunciará quiénes serán formalizados por estos errores.
El abogado Alfredo Morgado, representante de 26 personas que se querellaron por cuasidelito de homicidio en contra de quienes resulten responsables, adelantó importantes antecedentes. Recalcó que Fernández era la autoridad técnica en la materia, pero Rosende estaba a cargo en su condición político-administrativa.
“La situación es compleja, puesto que los que tenían poder de decisión pueden plantear que no fueron bien asesorados por parte de los técnicos en la materia”, indicó Morgado. De hecho el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada ((Shoa) despachó una información muy poco clara a la Onemi a las 4:07 horas.
“Carmen Fernández dice que ella le señaló a Rosende que debería haberse activado el plan de protección civil. Ella llegó pasadas las 4:30 y Rosende le respondió que no había elementos suficientes para decretar aquello. Rosende contaba con asesoría de funcionarios de la Onemi, que estimaban que no era clara la alerta de tsunami despachada por el Shoa”, añadió.
Según Morgado, “estaban dados claramente los requisitos para decretar alerta de tsunami. (En la investigación) se ve confirmado lo planteado inicialmente por los funcionarios técnicos de la Onemi, que llevó a tomar la decisión errada a Patricio Rosende. Aquí va a ser importante establecer las informaciones directas que recibió la Onemi central en torno al tsunami que afectó a Juan Fernández pasadas las 4:20”.
En todo caso, aclaró Morgado, “por mucho que el Shoa haya informado que no había riesgo de tsunami y levantara la alerta, la sola existencia de comunicaciones territoriales en el lugar en que se habían producido grandes olas era suficiente para que con ese solo elemento se resolviera que efectivamente había que activar el plan de protección civil”.
“Por lo tanto, la discusión ya no está en el orden de si hubo omisiones, imprudencias, negligencias, que efectivamente aconteció. La discusión ahora va a estar centrada en quién tiene responsabilidad de carácter penal y adquirirá tremenda relevancia la información que se fue recavando en la propia Onemi o por parte de quienes tenían función de autoridad para decretar y activar el plan de protección civil que incluyera la evacuación. El tema es si la responsabilidad recae en quienes tenían la función técnica o de autoridad”, agregó.
Morgado añadió que “en principio la responsabilidad por la parte más alta llega hasta Rosende, pero pasa por la información que se le pudiera haber entregado y en ese contexto, el Shoa dio una alerta de tsunami pasadas las 3:50 (el sismo ocurrió a las 3:34), lo ratifica por medio de un fax, y levanta esta alerta a las 4:40”. De hecho, Rosende anunció por televisión a las 4:52 que se descartaba todo riesgo de tsunami.
“Por tanto, uno pudiera concluir que de las 4:40 en adelante no habría ningún tipo de responsabilidad de la Onemi, puesto que después nunca se dio una alerta de tsunami del shoa. Pero la Onemi también cuenta con información propia y como tal, si esa información le fue entregada, tendrá que evaluar la responsabilidad de quienes despacharon esa información”, enfatizó.
“La discusión estaría entre la responsabilidad de Carmen Fernández como directora de la Onemi, ya que ella plantea que sí requirió que se activará el plan de protección civil y evacuación, y Rosende, que se basa en lo que le señalaron los técnicos en la materia, los funcionarios de la Onemi”, añadió Morgado.
En cuanto a la responsabilidad que le cabría a la ex Presidenta Michelle Bachelet, el abogado aseguró que la ex mandataria “nunca ha tenido función alguna de autoridad, por mucho que ella sea la Presidenta, en el organigrama de Protección Civil. No tiene asignada poder de decisión”.