De acuerdo al informe castrense, el NEP comenzó a cobrarles "impuestos revolucionarios" a los políticos en las elecciones de 1992. Este año, según los oficiales, los comunistas esperan reunir alrededor de 108 millones de dólares.

"La tasa actual va de los 109 a 437 mil dólares, que son cobrados desde los postulantes a concejales municipales hasta quienes aspiran a la Presidencia", explica el documento militar, que agrega que los aspirantes aliados a los comunistas o al NEP están exentos.

La Comisión Electoral filipina había estimado con anterioridad que los guerrilleros reunieron un total de 76 millones de dólares en las elecciones de 2004 y 2007. Uno de sus comisionados, René Sarmiento, advirtió por entonces a la población que las extorsiones "podrían amenazar la existencia de la democracia".

La Comisión de Derechos Humanos del país también ha denunciado los "impuestos revolucionarios", calificándolos de "repugnantes en todos los sentidos para los valiosos estándares y principios de DDHH, no sólo de los candidatos y los partidos políticos, sino también de los votantes individuales".

Además de los políticos, los "enemigos de clase" de los comunistas igualmente deben dar su "contribución", sobre todo las grandes empresas relacionadas con la construcción, la minería, el transporte y las telecomunicaciones.

Los militares afirman que las "tarifas estándar" para dichas compañías equivalen al 6% ó 7% del ingreso bruto de los operadores madereros y de 21.900 a 43.702 dólares para las empresas de buses. De no contar con dinero en efectivo, los rebeldes también aceptan como forma de pago armas de fuego, teléfonos celulares, medicinas y equipamiento, según los uniformados.

Los rebeldes nunca han negado que recauden lo que llaman "impuestos". Luis Jalandoni, dirigente del Frente Nacional Democrático de Filipinas -la cara visible de los grupos revolucionarios- afirmó en 2004 que los pagos eran una prueba de que "en Filipinas existen dos gobiernos".

Jalandoni señaló que la única diferencia entre el gobierno guerrillero y el de la Presidenta Gloria Macapagal Arroyo, era que los rebeldes recaudaban el dinero de los "enemigos de clase", no el de los filipinos pobres, y que dicho fondo se usaba para sustentar al movimiento revolucionario, mientras que el Ejecutivo gastaba su dinero de impuestos en corrupción.